Una comisión de abogados del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) reforzará desde este martes la sala situacional de víctimas de estafas inmobiliarias en el estado Carabobo, informó la presidenta del organismo, Aura Rosa Hernández.
Indicó que estos profesionales explicarán y darán cumplimiento a las medidas de intervención que dictó el Estado sobre complejos urbanísticos para proteger a los compradores.
Añadió que en las oficinas regionales del organismo reciben actualmente un elevado número de denuncias relacionadas con esta situación.
Hernández ofreció la información este martes, ante peticiones de afectados por inmobiliarias privadas en el estado Carabobo, quienes participaron en el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, desde el conjunto residencial San José del Ávila, ubicado en el centro de Caracas, uno de los urbanismos sobre los que la República dictó medidas de intervención.
Libimar Linares, una de las 300 afectadas por la constructora del conjunto Brisas de Para Pará, celebró el reforzamiento del equipo del Indepabis en la entidad, pues si bien destacó que han gozado del apoyo de las instituciones del Estado, consideró que requieren un mayor respaldo en su lucha.
Comentó que aunque ella y los demás compradores de estas residencias cumplieron a cabalidad con lo establecido en los contratos para obtener su vivienda, las obras están paralizadas desde hace tres años y no reciben ninguna respuesta de la empresa.
Noelia Cuoso, integrante de la sala situacional de Carabobo, criticó que el gobierno regional, que encabeza el opositor Henrique Salas Feo, haya convocado a una movilización contra “nosotros, los afectados. Es absurdo que un gobernador haga esto. Nunca nos dieron apertura en ningún espacio en el estado. Ellos siempre han sido fascistas”.
Wilmer Núñez, comprador en el conjunto Monte Mayor, en San Diego, apuntó: “La canalla inmobiliaria nos estafa, pero gracias al presidente, Hugo Chávez, no nos dejaremos”.
La semana pasada, el Estado dictó medidas de intervención sobre 33 desarrollos urbanísticos ante las reiteradas denuncias de incumplimiento en las construcciones, cobros ilegales y extorsión a los adquirientes para adjudicarles los apartamentos terminados.
Fuente Noticias24
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